Las negociaciones paritarias entre la Secretaría de Educación y los sindicatos docentes universitarios volvieron a estancarse este jueves en el Palacio Pizzurno. Las autoridades nacionales reiteraron la propuesta de un aumento del 3% para septiembre y 3% para octubre, la cual fue rechazada unánimemente por las representaciones gremiales.
Frente a esta oferta, los sectores docentes exigieron la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, solicitando los dos incrementos pautados más una recomposición salarial del 32,5% por la pérdida del poder adquisitivo. Tras el encuentro, los representantes de los trabajadores advirtieron que implementarán medidas de fuerza.
Posteriormente se llevará a cabo la reunión con los gremios no docentes, previa a una asamblea conjunta para definir las acciones a seguir. Cobra fuerza la posibilidad de convocar a una marcha nacional universitaria, la cual se convertiría en la quinta manifestación del sector durante la actual administración.
Brecha presupuestaria y disputa judicial
El conflicto paritario coincide con la discusión del Presupuesto 2027, donde el Poder Ejecutivo asignó $7,3 billones a las 60 universidades públicas. La cifra se ubica un 33% por debajo de los $11 billones requeridos por los rectores para cubrir salarios, investigación, infraestructura, becas y hospitales.
Desde la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el secretario general Daniel Ricci afirmó: "Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes".
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionaron las demandas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las autoridades gubernamentales sostienen que la aplicación total de la Ley 27.795 no fue ordenada de forma definitiva por la Justicia y argumentan que los aumentos pautados sitúan las remuneraciones por encima de lo establecido en los fallos vigentes.
