En el marco de la 32ª Conferencia Industrial, celebrada el martes 3 de noviembre, la Unión Industrial Argentina (UIA) “presentó una propuesta para crear un régimen de incentivos para el sector, similar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que contempla una reducción de impuestos, beneficios para las inversiones y estabilidad fiscal por 30 años. La iniciativa, denominada RICI, forma parte de un pacto fiscal que la entidad busca impulsar con la Nación, las provincias y los municipios para mejorar la competitividad de las empresas”.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, “planteó que el objetivo es acercar las condiciones de producción de la Argentina a las de sus competidores regionales, en un contexto en el que las empresas locales enfrentan costos elevados, una demanda debilitada y una creciente competencia internacional”.

“El gran desafío es pasar de una economía para defenderse a una economía para producir. Y para eso la estabilidad macroeconómica es fundamental, pero es solo el comienzo”, sostuvo, al tiempo que valoró positivamente los anuncios realizados por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro.

En este sentido, “el dirigente industrial reconoció los avances en materia de estabilización económica, pero advirtió que las empresas necesitan condiciones más favorables para competir con la producción del exterior”. Al respecto, afirmó: “Una empresa argentina compite con las condiciones laborales, los tributos y la infraestructura de otros países. La competitividad no depende solo del esfuerzo de las empresas, sino también de las condiciones del país. Las empresas tenemos la responsabilidad de invertir y mejorar la productividad, pero el Estado tiene que generar las condiciones para que podamos hacerlo.”

El RICI “se enmarca en un Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad, que contempla compromisos tributarios de alcance nacional, provincial y municipal.

El punto de partida es un diagnóstico sobre la carga impositiva que soportan las empresas formales. Según un relevamiento presentado por la entidad, mientras que la presión fiscal promedio de la Argentina es del 28%, la carga sobre el sector formal asciende al 56%, lo que ubica al país en el primer puesto de la comparación internacional elaborada por la UIA, por encima de Brasil, donde alcanza el 50%.

En la comparación de presión fiscal promedio, en cambio, la Argentina ocupa el puesto 12, por debajo de países como Francia, Italia, Alemania y Brasil.

Entre las principales medidas figura establecer una alícuota única del 25% para el Impuesto a las Ganancias de las sociedades, permitir que las contribuciones patronales se computen como pago a cuenta de IVA y Ganancias y habilitar que el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (impuesto al cheque) también pueda utilizarse para cancelar esos tributos.

La propuesta contempla además la creación de una cuenta única tributaria, la exclusión de determinados regímenes de retención y percepción, la amortización acelerada de inversiones y beneficios adicionales para proyectos considerados estratégicos.

A esto se suma un incremento de los reintegros para las exportaciones industriales y una garantía de estabilidad fiscal durante 30 años.

En el plano provincial, la entidad plantea una reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos hasta alcanzar la exención para la actividad industrial. También propone limitar las tasas municipales, de manera que respondan a servicios efectivamente prestados y guarden proporcionalidad con sus costos.

El proyecto incluye, además, exenciones de Ingresos Brutos y Sellos para el financiamiento productivo y la refinanciación de pasivos, junto con medidas para simplificar los mecanismos de recaudación tributaria.

El objetivo, explicó Rappallini, es ‘nivelar la cancha’ para que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones con sus pares del exterior.

Sin embargo, hizo especial hincapié en la necesidad de avanzar con medidas inmediatas, sin esperar a que se concrete una reforma estructural de toda la economía.

‘Las pymes no pueden esperar a una reforma integral de toda la economía. Por eso hablamos de un puente’, explicó.

Según planteó, estas iniciativas deben formar parte de una agenda más amplia que incluya el acceso al crédito a tasas competitivas, la lucha contra el contrabando, el abastecimiento energético, la implementación de la ley de modernización laboral, la mejora de la infraestructura y la formación de trabajadores”.

Esta propuesta “llega en un contexto de debilidad de la producción manufacturera, que todavía no logra recuperar los niveles de 2022”, con “empresas que tienen demanda limitada, costos altos y una competencia que muchas veces se desarrolla en condiciones desiguales”, según advirtió Rappallini.

Ante este panorama, “la principal preocupación de la UIA es sostener la producción y el empleo formal, especialmente durante el proceso de adaptación al nuevo escenario económico.

Rappallini también alertó sobre los riesgos de que la transición económica implique la desaparición de capacidades productivas que llevaron décadas de desarrollo. ‘El desarrollo es acumulación de capacidades. Una industria, además de bienes, produce conocimiento. Esto se construye durante décadas y, si durante esta transición destruimos esas capacidades, destruimos también la posibilidad de construir futuro’, señaló.

Otro de los ejes del planteo de la UIA es la necesidad de que los grandes proyectos de inversión en energía, minería e infraestructura generen oportunidades para los proveedores industriales locales. ‘Si queremos que estos sectores sean realmente competitivos a nivel global, tenemos que trabajar para que toda la cadena de valor sea competitiva’, afirmó”.