Un robo que dejó daños y pérdidas millonarias se registró en el sector del barrio 42 correspondiente a los 315 lotes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que se hallan en proceso de adjudicación. Los delincuentes incursionaron en tres subestaciones transformadoras que fueron instaladas por la empresa Menara, que tuvo a su cargo la urbanización del sector.
En principio, el objetivo de los delincuentes era llevarse las partes de cobre de los transformadores, así como de las antenas y el cableado de vinculación con la red eléctrica. No hubo información oficial al respecto, pero RAFAELA NOTICIAS pudo saber que los malvivientes habían logrado ya eliminar el aceite que cubre estos elementos, y no alcanzaron a llevarse las partes más valiosas. Lo cierto es que sí se llevaron conectores y cables de alto valor, así como también provocaron destrozos en partes muy importantes de las instalaciones.
El cuantioso robo y daño fue descubierto el jueves de la semana pasada. En el lugar no había vigilancia permanente, y ahora las consecuencias están a la vista: además del robo en las subestaciones, también se han visto afectados por el accionar de los delincuentes los cableados de iluminación pública, a tal punto que en el sector del loteo sólo quedan funcionando menos de una decena de luces, dado que la gran mayoría de las luminarias están "desenergizadas" por el robo de cableado.
No está claro a quién correspondía la vigilancia del lugar. Lo cierto es que desde el viernes se instaló una casilla -de las que en algún momento formaron parte del programa Rafaela en Acción y que luego se "reconvirtieron" para llevar "Ojos en alerta" a los barrios, durante la última parte de la gestión municipal de Luis Castellano- donde hay una guardia permanente de una empresa privada contratada por el Instituto Municipal de la Vivienda.
Además de la contratación de la guardia privada, otra medida inmediata que se adoptó fue el desmantelamiento completo de las tres subestaciones transformadoras, para proteger lo que se pudo salvar de la acción de los depredadores de metales y cables. Esas instalaciones fueron retiradas por la EPE, aunque administrativamente todavía las instalaciones no habían sido donadas a la empresa de manera formal, por lo cual no sería el patrimonio de la EPE el afectado. Los transformadores están ahora en el Corralón Municipal, a la espera de una evaluación de los daños y de la verificación de lo que hará falta reponer para poder posicionarlos nuevamente en el lugar que corresponde.
La pregunta que surge ahora es si la responsabilidad del mantenimiento de esas instalaciones ya correspondía al IMV o todavía estaba bajo el control de la empresa que realizó las obras, la constructora Menara. No se trata de un dato menor: dada la magnitud de los daños, parece improbable que Menara se haga cargo de la reposición, si se considerada además que el Estado nacional adeuda una buena parte de la obra, que cayó bajo la "motosierra" de Milei. De hecho, a valores de octubre del año pasado el Estado nacional tiene deudas impagas por más de 200 millones de pesos con la constructora rafaelina que ejecutó el contrato y no cobró la parte final de los trabajos.
La información a la que tuvo acceso RAFAELA NOTICIAS indica que efectivamente será el IMV el que se hará cargo de la reposición de los daños, dado que la garantía sobre las instalaciones que corre por cuenta del contratista prevé la posibilidad de fallas de funcionamiento o por instalación defectuosa, pero no daños provocados por hechos de inseguridad.
Por otra parte, antes de comenzar la entrega de los lotes a las 315 familias que son adjudicatarias de los mismos habrá que tener todas estas instalaciones reparadas y también el alumbrado público repuesto, así como la red que permita efectuar las bajadas a cada domicilio.
Por lo pronto, todo indica -además- que volvieron a activarse los robos de cables, quizás porque apareció algún comprador de metales de dudosa procedencia en el mercado local. La depredación que sufrió el sistema eléctrico público en la segunda mitad del 2023 y primeros meses del 2024 produjo millonarias pérdidas al Estado y a particulares, y había cesado en gran medida cuando comenzaron a realizarse allanamientos en chatarrerías donde se comercializaban los metales. Pero ahora los robos están volviendo, por lo que hay nuevos motivos de preocupación para las autoridades.