Este sábado por la mañana se desarrolló en la Sala 2 de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Rafaela la audiencia de prisión preventiva para Catherine Magalí Torres y Selva Rosa Martínez, ambas detenidas en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes en la localidad de Josefina.
El procedimiento fue presidido por el juez penal Nicolás Stegmayer y contó con la participación de Rafaela Noticias.
La acusación de la Fiscalía
La fiscal Analía Abreu expuso que la investigación se remonta a denuncias y trabajos de inteligencia que se iniciaron meses atrás. Según detalló, en el domicilio de las imputadas –ubicado en barrio Acapulco de Josefina– se realizaron tareas de vigilancia, seguimientos y análisis de movimientos compatibles con un punto de venta de drogas.
De acuerdo con lo informado por la PDI y personal policial, en el lugar existe un entramado delictivo familiar en el que intervendrían varios miembros de la misma familia, situación que habría dificultado la obtención de testimonios por temor a represalias.
Durante el allanamiento del 5 de noviembre, personal policial encontró:
- Dosis de estupefacientes en cantidades superiores a las permitidas para consumo personal,
- $317.000 en efectivo,
- Elementos relacionados al fraccionamiento y comercialización,
- Además, se secuestraron dispositivos electrónicos que aún deben ser peritados.
Por ello solicitó prisión preventiva efectiva para ambas imputadas, señalando riesgos de fuga, entorpecimiento probatorio y la posibilidad de continuidad delictiva.
La defensa negó la acusación y pidió medidas alternativas
Los defensores oficiales, Ezequiel Gramoy y Federico Scarinci, rechazaron los planteos de la Fiscalía. Argumentaron que:
- No existen pruebas objetivas que demuestren comercialización,
- El material secuestrado sería para consumo personal,
- No hay evidencia de “pasamanos” o movimientos típicos de un punto de venta,
- Las imputadas no poseen antecedentes condenatorios,
- Y las declaraciones policiales se basan, en gran parte, en presunciones y no en hechos verificables.
Pidieron que, en caso de que el juez considerara alguna medida, se optara por alternativas a la prisión preventiva, como domiciliaria con dispositivos de control.
El análisis del juez
El juez Nicolás Stegmayer evaluó los elementos presentados por ambas partes y remarcó:
- Que la cantidad de droga hallada supera ampliamente la prevista para consumo,
- Que el dinero incautado constituye un indicio relevante,
- Que existen investigaciones previas que involucran al entorno familiar en hechos similares,
- Y que, por la complejidad del caso y la vulnerabilidad del barrio, los testimonios de vecinos no pudieron ser recabados por temor a represalias.
En el caso de Catherine Torres, el magistrado dispuso prisión domiciliaria, con control y supervisión, fijando su residencia en calle 7 y 18 de barrio Acapulco, en Josefina. La medida se adoptó debido a que Torres es madre de un menor de edad que tiene a su exclusivo cargo, circunstancia que el juez consideró determinante para aplicar una alternativa menos gravosa que la detención efectiva.