En una audiencia de medidas cautelares celebrada este mediodía en los Tribunales de Rafaela, la jueza Laura Lencina, dispuso la prisión preventiva por 60 días para Ezequiel Fernández, alias "Tite", de 22 años. El joven se encuentra imputado por un grave suceso acontecido el pasado 20 de junio en barrio Monseñor Zazpe, donde atacó a tiros a un vecino tras una discusión en la vía pública.
La fiscal de la causa, Lorena Korakis, le atribuyó a Fernández la autoría de los delitos de abuso de armas en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Durante su exposición, la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la prisión preventiva sin plazos, fundamentando el pedido en la gravedad del hecho, el peligro latente de entorpecimiento probatorio y la inminente expectativa de una pena de ejecución efectiva.
El hecho: un presunto robo y disparos a plena luz del día
De acuerdo al relato fiscal, el incidente se registró a las 13:35 horas del sábado 20 de junio en la intersección de las calles Francia y Arias, según consta en las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano que registraron el episodio. El imputado caminaba por el sector cuando extrajo un revólver calibre .32 largo de entre sus prendas. A una distancia estimada de entre cuatro y cinco metros de la víctima, abrió fuego efectuando al menos tres disparos consecutivos.
Dos de los proyectiles no lograron dar en el blanco, pero el tercero impactó directamente en la rodilla derecha del damnificado. Según la reconstrucción, mientras Fernández se daba a la fuga hacia una vivienda lindera, efectuó un cuarto disparo intimidatorio.
Según consta en las declaraciones de la causa, la víctima intervino al observar que el imputado increpaba a un albañil que circulaba por la zona con presuntas intenciones de robo. Al recriminarle la actitud, se originó un breve altercado verbal que Fernández resolvió de manera violenta utilizando el arma de fuego.
A su turno, la abogada defensora, Dra. Victoria Romano, se opuso a la medida cautelar de máxima graduación. Cuestionó la calificación legal seleccionada por la Fiscalía (específicamente el concurso real entre la portación y el abuso) y argumentó que, tratándose de una investigación prácticamente agotada, correspondía otorgar la libertad bajo alternativas alternativas, tales como la fijación de domicilio y la prohibición de contacto.
Pese a que las pesquisas policiales y la requisa en la vivienda donde fue arrestado el imputado dieron resultado negativo en cuanto al hallazgo del arma, el peso de los testimonios y la propia admisión espontánea de autoría por parte de Fernández al momento de su aprehensión resultaron determinantes para el dictamen judicial.
Al momento de resolver, la Dra. Laura Lencina consideró que los requisitos de materialidad y autoría se encuentran reunidos con el grado de certeza requerido para esta instancia. Si bien no concedió el plazo indeterminado por la Fiscalía, consideró prudente fijar la restricción por 60 días para asegurar el tramo final del proceso.
La magistrada dejó plasmada una dura reflexión institucional sobre el nivel de violencia urbana que caracteriza el sector norte: argumentó que si por un altercado de características banales el imputado no dudó en extraer un arma de fuego y arremeter contra un ciudadano a plena luz del día, la justicia no puede desestimar el riesgo de entorpecimiento o el peligro latente para los testigos durante el resto del proceso legal. Con este plazo de dos meses, la jueza tambien le puso un límite temporal al MPA para clausurar la etapa de investigación penal preparatoria e impulsar la correspondiente acusación formal o, buscar un procedimiento abreviado.