La Cámara de Apelaciones ratificó la continuidad de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario para E.N.T., el empresario rafaelino de 58 años imputado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hija.
La resolución fue dictada por el juez de Cámara Matías Drivet, quien rechazó el recurso presentado por la defensa del acusado. De esta manera, confirmó los fallos dictados el 25 de abril y el 30 de junio por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero.
Durante la audiencia celebrada este jueves y de la que Rafaela Noticias participó en exclusiva, los abogados defensores Germán Verna y Carlos Farías Demaldé solicitaron nuevamente la prisión domiciliaria argumentando un deterioro en la salud de su defendido. Señalaron que sufrió un infarto durante su detención, un agravamiento de su cuadro de diabetes y que la discapacidad que posee en un brazo le exige asistencia constante.
Por su parte, la fiscal Brenda Baños se opuso al pedido respaldándose en informes del Servicio Penitenciario, los cuales afirman que la institución está en condiciones de garantizar la atención médica requerida.
Asimismo, la representación del Ministerio Público de la Acusación recordó que el imputado permaneció prófugo durante varios días al inicio de la causa y remarcó que cuenta con los recursos económicos necesarios para sustraerse de la Justicia.
El propio imputado intervino en la audiencia señalando que no pedía su libertad ni la declaración de inocencia, sino un lugar adecuado para su estado de salud al considerar que la cárcel común no lo es.
Al fundamentar la confirmación de la medida cautelar, el juez Drivet sostuvo que no se encuentran discutidas la participación del acusado en el hecho ni la pena en expectativa de cumplimiento efectivo, haciendo foco en los antecedentes de fuga y en la capacidad económica del empresario para mantenerse oculto.
Cabe recordar que, en las audiencias anteriores, de las que Rafaela Noticia también participó de manera exclusiva, la defensa había dicho que mantiene conversaciones con la Fiscalía para alcanzar un acuerdo de juicio abreviado. De concretarse, el imputado deberá reconocer los hechos que se le atribuyen, evitando así la realización del juicio oral.