En una cadena nacional transmitida el miércoles 20 de diciembre por la noche, el presidente Javier Milei detalló punto por punto el controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno nacional planea llevar a cabo una "desregulación económica". Para analizar las implicaciones legales de esta medida insólita sin precedentes, desde Rafaela Noticias dialogamos con el abogado especialista en derecho constitucional, Dr. Enrique Marchiaro, quien compartió su visión sobre cómo este acto podría transformar el panorama político y económico de la nación.

"Estamos hablando de un terremoto en términos legales, y yo estoy aquí frente a un sismógrafo, interpretando cómo comienza este movimiento en las agujas. Hay aspectos que pueden parecer abstractos para la gente común, pero las consecuencias se harán evidentes muy, pero muy pronto". Así el especialista en Derecho Constitucional, manifestaba su inquitud sobre el impacto del Decreto dictado en nombre de la necesidad y urgencia, en las competencias del Congreso Nacional y en la vida de la sociedad Argentina. Según él, el decreto vació al Congreso de sus funciones, una acción que considera inaceptable y fuera de los límites constitucionales. "El presidente no debería haber utilizado esta herramienta de urgencia para alterar un bloque de alrededor de 300 leyes, algunas de las cuales tienen décadas de antigüedad".

DNU en Argentina: Entre la necesidad y los límites constitucionales

Si bien los DNU se encuentran regulados en la Constitución de 1994 en su artículo 99 inciso 3, como una herramienta necesaria en circunstancias excepcionales, su uso desmedido plantea serios interrogantes sobre el equilibrio institucional y la legalidad del proceso. Según el abogado, el DNU se concibió como un "mal necesario" o un acto de "realismo institucional", reconocido tanto a nivel mundial como en Argentina. Este mecanismo permite a los presidentes tomar medidas legislativas de urgencia en situaciones críticas que impidan el trámite legislativo ordinario, cuyo tiempo de aprobación puede ser significativo. Sin embargo, Marchiaro destacó que el DNU tiene restricciones claras, excluyendo su aplicación en materia penal, tributaria, de partidos políticos y electoral. Además, el DNU "requiere una revisión inmediata por parte de la comisión bicameral y el Congreso, quienes deben pronunciarse expresamente sobre su aprobación o rechazo. En caso de silencio del Congreso, el DNU seguirá vigente. No obstante, este proceso no exime al poder judicial de evaluar la legalidad del decreto, anticipando una avalancha de medidas judiciales en todo el país".

Desafiando la historia democrática y los principios constitucionales

El DNU, que ya entró en vigencia, establece una emergencia pública hasta el año 2025. "Este hecho sin precedentes en la historia democrática argentina genera inquietud, ya que, la emergencia económica solo puede ser decretada por ley, según establece el artículo 76 de la Constitución. Las emergencias económicas anteriores se dictaron por ley, incluso la de Menem en 1990 antes de la reforma constitucional de 1994".

El Dr. Marchiaro subrayó la insólita naturaleza del DNU al señalar que "en 200 años de historia institucional argentina, no hay un solo caso de un decreto de este tipo, ni siquiera durante las peores dictaduras como la del '76". Esta singularidad, según Marchiaro, radica en el hecho de que el DNU no solo redefine la política económica, sino que también desafía principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1994. Las posibles consecuencias de este decreto son calificadas por el abogado como gravísimas para la vida cotidiana de la población. Desde ajustes en las jubilaciones por decreto hasta la libertad para que las prepagas aumenten cuotas arbitrariamente, y la facultad de las obras sociales para decidir sobre tratamientos médicos. En un análisis más profundo, el Dr. Marchiaro expuso una preocupante filosofía subyacente en el gobierno actual. "El presidente, en su planteo de que `donde hay una necesidad, hay un derecho` está socavando la idea de derechos fundamentales al considerarlos simples formalidades, relegando su reconocimiento a la ley del mercado. Esta perspectiva, choca con la esencia de la reforma constitucional de 1994, que abogaba por una economía de mercado con contenido social". y agregó: "evidentemente este presidente y su equipo de gobierno se quedaron en la Constitución de 1853"

Entre la estrategia política y el retroceso institucional

El controvertido decreto de necesidad y urgencia (DNU) que vacía al Congreso Nacional de sus competencias no solo plantea interrogantes legales, sino que también se convierte en el epicentro de una estrategia política cuestionable. "Esta medida se presenta como una maniobra de política para capitalizar el sólido respaldo popular del que goza el presidente Milei, buscando así un golpe de efecto antes de las festividades y el éxodo vacacional y que esto quede consolidado y el congreso no lo pueda discutir ni siquiera, con lo cual es un retroceso institucional y es una cuestión que no tiene precedente en la historia Argentina". Haciendo referencia a la falta de diálogo del presidente Milei, Marchiaro utilizó la metáfora de "Emergencia Black Mirror", (sobre lo que está escribiendo). "Este hombre parece encerrado en su despacho, como si la presidencia fuera un episodio de Black Mirror. La democracia implica debate, discusión y participación. No se puede resolver una crisis cortando ambas piernas a quien tiene una infección en una sola. Hay otras maneras de abordar esta crisis", comentó. Además, el abogado explicó que es esencial que el Congreso se autoconvoque de inmediato para discutir este asunto y subrayó que la justicia debe actuar de manera inmediata ante los múltiples pedidos que seguramente surgirán, ya que se espera una cascada de situaciones delicadas en materia laboral, previsional, contractual y comercial. La situación actual refleja un dogma de la libertad absoluta, contrario al verdadero liberalismo. "Dejar a la parte débil de la población en una situación de desamparo legal en nombre de la libertad absoluta va en contra de los principios fundamentales del liberalismo auténtico", comentó.

Emergencia y suspensión de derechos constitucionales

Marchiaro también alertó sobre el riesgo de que la emergencia declarada en el DNU suspenda derechos constitucionales hasta el año 2025, podría tener consecuencias a largo plazo en la salud de la democracia argentina. Advirtió que, de ser convalidado, esto podría llevar a una "democracia de baja intensidad o una democradura".

Entre la incertidumbre y la esperanza en la racionalidad democrática

No obstante, en medio de la incertidumbre, Marchiaro cerró la entrevisto con un mensaje de esperanza: "No vamos a perder la esperanza en la racionalidad, hay que tener serenidad y templanza para llevar adelante esta situación, que no haya violencia ni situaciones de desintegración en el país. Esperemos que prime la racionalidad y que todo esto se pueda debatir, y que se vuelva atrás con este tipo de medidas".