No es admisible que el Máximo Tribunal de Justicia de nuestro país se escude en interpretaciones literales e invoque un discurso garantista para justificar un fallo incorrecto. Debemos comprender que los Magistrados de la Corte deben poder argumentar y justificar de manera sólida y categórica los fallos que dictan. 
La Corte no puede desconocer su misión institucional, el rol que cumple al interior de un Estado democrático. Como algún gran teórico ha señalado, la decisión judicial es portadora de certezas en un mundo de incertidumbres. Caídas las verdades absolutas, en democracia se construyen valores y verdades. De ahí que la decisión judicial cierra un conflicto y establece certezas; define socialmente qué entendemos por lo justo, lo correcto. Nuestro Máximo Tribunal irresponsablemente ha desconocido su propia razón de ser; sus fallos no resuelven sólo un caso, sino que constituyen un mensaje social. ¿Qué mensaje han resuelto dar a la sociedad argentina?
Este fallo va a contramano de una política de Estado construida por casi cuatro décadas y de la lucha de todo el pueblo argentino por Memoria, Verdad y Justicia. Lo cierto es que no se puede conmutar penas para delitos de lesa humanidad, ya que por su enorme gravedad, están exentos de cualquier tipo de beneficio. En este sentido, los instrumentos jurídicos internacionales (que están vigentes en Argentina) lo expresan con claridad.
Por estos motivos es que ayer apoyamos, en una sesión de amplio consenso entre los distintos bloques políticos, el proyecto que hoy aprobó la Cámara de Senadores de la Nación para excluir del alcance del "2x1" los delitos de Lesa Humanidad.