En un contexto de creciente preocupación por la seguridad eléctrica, este miércoles se desarrolló una reunión entre el ingeniero electromecánico Horacio Dominino y concejales de la ciudad de Rafaela, con el objetivo de avanzar en la actualización de la normativa vigente, que data de la década del ’80.
Tras el encuentro, Dominino dialogó con la prensa y fue contundente: “El mayor problema es la falta de control”, aseguró, al tiempo que advirtió que “el 90 o 95% de las instalaciones eléctricas están mal hechas”.
Según explicó, la ordenanza actual tiene cerca de 40 años y, además de estar desactualizada, fue modificada con criterios que no responden a los estándares técnicos vigentes. En ese sentido, remarcó que las reglamentaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) cuentan con respaldo de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, por lo que su aplicación es obligatoria en todo el país.
“Lo que estamos tratando es que se actualice y se cumpla como se debe. No hay excusas: es una normativa nacional”, sostuvo.
Riesgos latentes: incendios y muertes
El planteo no es menor. Dominino alertó sobre las consecuencias directas de las fallas eléctricas: “Estamos tratando de que no haya más choques eléctricos, muertos por choques eléctricos, ni incendios provocados por instalaciones deficientes”.
En esa línea, recordó que, según datos expuestos por Bomberos, entre el 40% y el 60% de los incendios tienen origen eléctrico. “Hace poco se incendió una rotisería y hubo problemas en el tablero principal. Son situaciones que se repiten”, agregó.
Uno de los pasajes más fuertes de su intervención fue cuando cuestionó la falta de prevención: “¿Por qué tenemos que esperar que pase algo grande, que se incendie un edificio o que muera gente, para aplicar lo que se tiene que aplicar?”.
Para el especialista, la solución no implica grandes costos, sino decisiones y controles efectivos. En ese sentido, propuso la creación de un registro de instaladores eléctricos habilitados y la exigencia de certificaciones periódicas en viviendas.
Responsabilidades compartidas
Dominino también planteó la necesidad de redistribuir responsabilidades, ya que actualmente recaen en gran medida sobre el Municipio. La propuesta busca involucrar a todos los actores: desde la Empresa Provincial de la Energía hasta propietarios, arquitectos e instaladores.
Además, remarcó que las instalaciones deberían ser verificadas cada cinco años, ya que el simple chequeo manual —como presionar el botón del disyuntor— no garantiza su correcto funcionamiento.
El ingeniero fue claro al identificar las causas del problema: falta de conocimiento técnico, decisiones para abaratar costos y, principalmente, ausencia de controles.
“Hay electricistas que no conocen la normativa o no la aplican. También hay propietarios o constructores que buscan ahorrar. Pero el principal problema es que no hay control efectivo”, sostuvo.
Entre las prácticas riesgosas, mencionó el “puenteo” de disyuntores, el reemplazo de térmicas por otras de mayor capacidad sin modificar el cableado y la sobrecarga de instalaciones antiguas con artefactos modernos.
Según indicó, la iniciativa presentada tuvo buena recepción por parte de los concejales, quienes manifestaron su intención de avanzar en el tratamiento del tema. Además, cuenta con el respaldo de distintas entidades del país, como organizaciones técnicas de Buenos Aires y Córdoba, provincias donde ya existen leyes similares.
“Esto no es algo aislado. Ya se aplica en otras provincias y ciudades. Es una cuestión de decisión”, concluyó.