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Crematorios en Rafaela: Ambientalistas reclaman ser recibidos por los Concejales ¿Se frena el tratamiento de la ordenanza?

La imagen aérea permite observar la distancia entre el crematorio y el campo de deportes del Colegio San José, ubicado al otro de la RP 70.
Crédito: RN

La instalación de crematorios en Rafaela podría enfrentar un nuevo escollo, justo cuando el Concejo Municipal de Rafaela había alcanzado el consenso para aprobar el proyecto que se viene discutiendo desde hace varios meses, según había publicado Rafaela Noticias.
Es que, la Asociación Amigos de la Vida volvió a ingresar una nota para solicitar una reunión con los ediles de manera “urgente”, con el propósito de plantear su postura ante la modificación de la ordenanza que regula el funcionamiento de los crematorios en la ciudad.

“Somos parte directamente interesada en el tema y a la fecha no hemos tenido ningún encuentro con Uds. los concejales, siendo que este Concejo recibió en varias oportunidades a los titulares de la firma responsable del crematorio” apuntaron desde la organización ambientalista.
Al tiempo que sostuvieron que la no convocatoria por parte del cuerpo legislativo “soslaya” sus derechos, la entidad que pugna por los derechos ambientales reclamaron que esta problemática [la instalación de un crematorio en el ingreso oeste a Rafaela]se trate en una reunión conjunta con todos los actores interesados.
Asimismo, volvieron a sostener en su argumentación contra este tipo de emprendimientos, el trabajo de investigación del Biólogo Raúl Montenegro (Profesor de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba), quien llegó a la conclusión de que que cualquier crematorio debe estar a no menos de 5000 metros del ejido urbano y/o núcleos habitacionales y/o actividades preexistentes.

¿Se viene una contienda judicial?

Si bien algo ya había adelantado Rafaela Noticias, desde Amigos de la Vida remarcaron que, de avanzar con el tratamiento de la ordenanza en la próxima sesión ordinaria del Concejo, “se reservan el derecho de la iniciación de las acciones judiciales pertinentes de todo carácter, inclusive la correspondiente a la ley Provincial 10.000 sobre intereses difusos, orientada en este caso a los posibles daños medioambientales y/o de salud que el funcionamiento de dicha actividad pueda generar”. Algo similar a lo ocurrido cuando se aprobaron las modificaciones al límite agronómico en Rafaela y se permitiera la utilización de productos químicos.

Por último, desde la organización ambientalista cerraron pidiendo que, mientras se espera una respuesta sobre la reunión solicitada, verían “con agrado” que el despacho correspondiente retorne a la comisión respectiva. ¿Qué pasará?

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