Luego de las imputaciones realizadas este viernes por la tenencia de armas de fuego y estupefacientes hallados durante los allanamientos vinculados a la investigación por las recientes balaceras en Rafaela, la Justicia resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y otorgó la libertad a los tres acusados bajo una serie de restricciones. Mientras un cuarto detenido espera su audiencia el día martes para que se defina su situación procesal.
La audiencia cautelar se desarrolló este viernes por la tarde en los Tribunales de Rafaela y fue encabezada por el juez Javier Bottero. La acusación estuvo representada por el fiscal Martín Castellano, mientras que la defensa de Ezequiel Fernando Goró, Victoria Guntren y Martín Ariel Romero fue ejercida por el abogado Carlos Farías Demaldé.
Tal como informó previamente RAFAELA NOTICIAS, los tres fueron imputados por la tenencia compartida de una carabina calibre 22 recortada, un revólver calibre 32 cargado con seis cartuchos listo para su utilización y más de 60 gramos de cocaína hallados durante un allanamiento realizado en una vivienda de calle Corti al 1400, donde ninguno de los imputados vivía.
El pedido de la Fiscalía y la postura de la Defensa
Durante la audiencia, Castellano sostuvo que existían riesgos procesales suficientes para ordenar la prisión preventiva. Argumentó que la investigación recién comienza, que los imputados no registran domicilio en el inmueble allanado y que aún resta profundizar distintas medidas investigativas. Además, remarcó que Goró se encuentra imputado en otra causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización iniciada meses atrás.
El fiscal también señaló que las armas se encontraban ocultas dentro de la vivienda y que la cocaína secuestrada estaba distribuida en distintos envoltorios, circunstancias que —a criterio de la acusación— acreditan la disponibilidad y conocimiento de los elementos por parte de los acusados. Por ello solicitó la prisión preventiva por el plazo legal y, subsidiariamente, por 90 días.
Por su parte, Farías Demaldé cuestionó varios aspectos de la investigación como por ejemplo la falta en el legajo de croquis e inspección ocular del lugar allanado, y sostuvo que al momento del procedimiento dos de los imputados estaban afuera del domicilio y la policía los hizo entrar. Agregando que la evidencia reunida hasta el momento no justificaba una medida de máxima intensidad como la prisión preventiva. El defensor remarcó que los delitos atribuidos tienen escalas penales que incluso podrían derivar en condenas de cumplimiento condicional, destacó que ninguno de los tres posee antecedentes condenatorios y afirmó que no existía peligro concreto de entorpecimiento probatorio. Además, señaló que la mayoría de las diligencias investigativas ya fueron realizadas y que no existían víctimas directas dentro de los hechos atribuidos en esta causa.
La decisión del juez
Al momento de resolver, Bottero consideró acreditada provisoriamente la existencia de los delitos imputados y la participación de los acusados. No obstante, entendió que ello no era suficiente para justificar el encierro preventivo. El magistrado destacó que no surgieron elementos que vinculen a los imputados con los ataques armados investigados en la ciudad y sostuvo que, más allá de la gravedad que implica la tenencia ilegal de armas y municiones, las circunstancias del caso permiten pensar en la posibilidad de una eventual condena de ejecución condicional. Asimismo, valoró que no existen víctimas identificadas dentro de los hechos imputados y consideró poco probable un riesgo concreto de fuga. Por esos motivos rechazó el pedido fiscal y dispuso la libertad de los tres acusados bajo una serie de medidas alternativas.
Los imputados deberán fijar domicilio y designar guardadores responsables. Además tendrán la obligación de presentarse semanalmente ante la comisaría correspondiente a su jurisdicción, no podrán mantener contacto con testigos de la causa ni acercarse a la vivienda allanada de calle Corti al 1400. También se les prohibió de manera absoluta portar, utilizar o tener cualquier tipo de arma de fuego mientras se mantenga vigente el proceso judicial.
La investigación continuará ahora con los tres acusados en libertad, aunque sometidos al cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.