El empresario rafaelino Armando Marinozzi fue elegido a principios de este mes como presidente de la Cámara de Empresas de Monitoreo de Alarmas de la República Argentina (CEMARA), y en ese contexto ofreció declaraciones al portal institucional del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, donde dejó interesantes declaraciones.
Por ejemplo, Marinozzi se refirió al tema de las alarmas comunitarias, que en Rafaela no logró imponerse con el mismo éxito que en otros lugares, y que en los últimos días se reflotó como una estrategia para sumar en la lucha contra el delito, a partir de declaraciones de funcionarios de la nueva administración municipal.
Marinozzi consideró que "el programa de alarmas comunitarias debe actualizarse, aprovechando los sistemas integrados con aplicaciones móviles y otras innovaciones que pueden reducir significativamente los costos de adquisición. Es esencial destacar la manera institucional en que se abordó este tema, con consenso en el CCIRR. Esperamos que en la nueva gestión se mantenga esta política de Estado a nivel municipal".
También advirtió sobre una faceta que fue puesta en agenda por una nota de RAFAELA NOTICIAS que tuvo amplia repercusión. Señaló Marinozzi que "el costo de estas alarmas se cuestionó, pero es importante tener en cuenta que el 80% o más del costo se debe a equipos eléctricos normalizados, siguiendo buenas prácticas de instalación y normas. Además, cabe destacar que se pidieron los permisos a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para las conexiones a la red eléctrica y que se trabajó sobre la base de sus exigencias, algo que no sucede en otras localidades".
En la misma línea, el empresario rafaelino alertó que "en tiempos de cambio de gobierno, es que éste no debería competir con la actividad eficiente del sector privado, sino complementarse mediante vínculos público-privados bien establecidos. La decisión política es clave para lograr este enfoque beneficioso para el ciudadano, las empresas y el Estado mismo".
Desafíos diversos
Otra consideración muy relevante que efectuó Marinozzi tiene que ver con aspectos técnicos. Reconoció que "existe la dificultad de trabajar a un nivel técnico y de calidad de servicio, lo cual choca con la realidad económica del país. La inversión en seguridad no genera ganancias directas, sino que previene pérdidas, lo cual es difícil de medir. Además, la falta de regulación y normativas conduce a una competencia basada exclusivamente en el precio, lo que impide la implementación de las mejores medidas y perjudica a la actividad".
En cuanto a la relación con el Estado, "se necesita la implementación de sistemas informáticos con canales exclusivos para empresas de monitoreo, así como protocolos y registros de la actividad. Actualmente, la provincia de Santa Fe carece de un lenguaje técnico-operativo, a diferencia de otras jurisdicciones con casos de éxito, lo que afecta la eficiencia y la gestión de los recursos estatales".
En otro orden, recordó que "existe un proyecto de ley para regular la actividad de monitoreo de alarmas, desarrollado a lo largo de años en colaboración con otras cámaras nacionales, como la CEMARA y la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL), que aportan experiencias nacionales e internacionales. Otro desafío radica en el ámbito judicial, ya que la falta de jurisprudencia específica complica la definición de responsabilidades".
"La ciudadanía también debe comprender su rol en el buen uso, actualización, mantenimiento, pruebas y alcances de un sistema de seguridad electrónico. Además, se destaca la necesidad de superar problemas internos en algunas empresas, que priorizan el beneficio económico por sobre una solución integral y amplia", sostuvo.
En resumen, "el objetivo y desafío es valorar la seguridad privada en todas sus ramas y lograr el reconocimiento de su importancia en la cadena, dado que somos los primeros en detectar y responder a un incidente; por lo que es fundamental que podamos filtrar, resolver y trabajar en cooperación con las fuerzas de seguridad públicas", dijo finalmente.